26 octubre, 2020

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Ordena Tribunal Electoral Federal investigación de costos de tres bailes de los Ángeles Azules hechos por el PAN en Guanajuato durante campaña.

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·      Sumemos confirmaron multas por
Propaganda Gubernamental en veda Electoral.
En sesión de
25 de mayo de 2016 la Sala Superior del TEPJF resolvió el recurso
SUP-RAP-238/2016, la Sala Superior revocó el Acuerdo del Consejo General del
INE por el que declaró infundado el procedimiento de queja en materia de
fiscalización de los recursos de los partidos políticos en contra del Partido
Acción Nacional (PAN) en Guanajuato.
La
Magistrada y los Magistrados consideraron fundado el concepto de agravio
relativo a que no se efectuaron las diligencias necesarias para determinar si
el monto reportado por el PAN y su entonces candidato a presidente municipal en
Celaya, Guanajuato, era menor al del valor de mercado respecto a la renta del
estadio de béisbol y la presentación del grupo musical Los Ángeles Azules, para
el cierre de campaña. Dicho contrato amparó la presentación de tres eventos del
Grupo Musical en Guanajuato. (Celaya Irapuato y Guanajuato Capital).
Además se
considera que la responsable debió llevar a cabo las diligencias necesarias
para conocer el domicilio de la persona moral denominado OCESA, en razón de que
esta empresa se ostenta como representante del citado grupo musical. En
consecuencia, se propone revocar la resolución controvertida en lo que fuera
materia de impugnación para el efecto de que la autoridad fiscalizadora lleve a
cabo las actuaciones necesarias para poder resolver sobre la posible
subvaluación en la contratación de diversos servicios, así como para conocer el
domicilio de la persona moral OCESA y notificar el requerimiento de información
atinente.
De acuerdo a
los antecedentes de este asunto, el presunto precio subvaluado que informó el
PAN haber pagado fue de 230 mil pesos.

La anterior
determinación radica en que la autoridad responsable no tomó en cuenta lo
manifestado por el apelante, Fernando Bribiesca Sahagún, en el sentido de que existió
una posible subvaluación de los precios y al no poder determinar tal
circunstancia debió seguir el procedimiento previsto en el Reglamento de
Fiscalización, para hacer los comparativos de precios correspondientes.

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