30 noviembre, 2020

Voces Laja Bajío

Juntos llegamos más lejos

Otra vez: ¿Qué pasa?

3 minutos de lectura

G. Saúl García Cornejo.

Pregunta recurrente cuándo no sabemos por qué suceden algunos hechos propios o ajenos. En este caso salta a la palestra mediática el “caso de Emilio L.” famoso por eludir la justicia desde que a principios de 2019 salió orden de detención en su contra y hubo presión persecutoria que alcanzó a su progenitora, consorte y hermana, entre otras personas. Casi todos creyeron tal situación como resorte del combate a la corrupción.

Sin embargo, a pesar de la discreción notoria en el manejo del proceso indagatorio y procesal penal –que no es raro, ni exclusivo para ése indiciado- sí es notable por ser un personaje encumbrado en la política y economía con sustracción de recursos públicos, opacidad, corrupción, impunidad relativa, operaciones con dinero público o proveniente de terceros como la petrolera brasileira. Y que precisamente están a la vista privilegios más allá del cumplimiento a los Derechos Humanos, procesales y judiciales del indiciado. Y llama la atención su insistencia en declararse inocente –a pesar de la presunción que establece la Carta Magna- y de que actuó bajo presión jerárquica, cuando cualquier parroquiano al menos intuye que son patrañas, pues prevaleció la avaricia y corrupción. De lo contrario, no habría aceptado entrarle al baile de los millones de dólares.

Lo más paradójico es que gracias a una iniciativa de un senador de Morena a finales de 2018, Lozoya quedó dentro de la fórmula del principio de oportunidad, sin menoscabo de que sea prerrogativa de la Fiscalía General en su papel de Ministerio Público, su aplicación en la figura de “testigo colaborativo” con la oportunidad de ser exonerado, o de menos bajar la penalidad o que al igual pueda no exigirse la reparación del daño. Otra señal inequívoca de la negociación de la justicia en este asunto, es el cacareo de AMLO en que le van a regresar la friolera de 200 millones de dólares, por aquello del “sobreprecio” en la operación en que Pemex adquirió una empresa en situación de “chatarra”, aunque no hay nada oficial, pero López Obrador, a su estilo lanzó la piedra.

La gente bien nacida pregunta: ¿La Justicia se debe negociar en aras de intereses políticos? Para cualquier parroquiano, incluso para los cosmopolitas, es claro que Emilio es un delincuente de altos vuelos, con o sin asociación con otros tiburones en el mar político de México. Siendo esa calificación de la Fiscalía, al igual bajo sospecha, pues no hubiera sido igual para la situación del indiciado, que su delito fuera por implicaciones de “Delincuencia Organizada”, en que no podría estar privilegiado como hasta ahora por considerar sus delitos con el rubro de “Asociación Delictuosa”, en que sí cabe aplicar el principio de oportunidad.

La duda prevalece hasta que la verdad aparece: ¿Será finalmente exonerado Lozoya? ¿No pagará la reparación del daño? ¿Hasta dónde debemos considerar la promesa de AMLO en que ya se acabó la corrupción? Hasta ahora es nebulosa la situación. Y recordemos los efectos indirectos en el flujo electoral, que ya estamos cansados de tanta promesa incumplida, de la avaricia sin límite de variopintos funcionarios o políticos, sin importar el color partidista, etc.

Es pues, otra prueba de fuego para el gobierno de la 4T, aunque no de los alcances del manejo de la Pandemia, que como recordaran, estimados lectores, en esta colaboración de su servidor, advertí sobre la ineficacia y burdos manejos de López Gatell, que ahora y cada día salen más a la luz. Y ver que algunos despistados hasta lo consideran presidenciable. ¿Qué nos pasa?

¡Como México, no hay dos! Si no, imaginen el desastre por duplicado.

¿Qué opinan, mis estimados?

Mas reportajes

6 minutos de lectura
3 minutos de lectura
5 minutos de lectura

Deja un comentario

También te puede interesar

6 minutos de lectura
3 minutos de lectura
3 minutos de lectura
3 minutos de lectura