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Miguel Alonso Raya

Con la entrega al Congreso de la Unión del sexto informe, Enrique Peña Nieto termina su gobierno sin haber cumplido sus principales promesas de “modernizar” y “Mover a México”.

Se va como inició: tratando con desdén a los mexicanos y sin la más mínima autocrítica por la errática instrumentación de las reformas estructurales, la estela de muerte, desaparecidos y la ofensiva corrupción que caracterizó su mandato.

En el acto que organizó en Palacio Nacional para presentar su informe, Peña Nieto priorizó la parafernalia, habló como si realmente su gobierno hubiera sido un éxito, cuando en realidad se va por la puerta de atrás luego de que los mexicanos lo reprobaron en las urnas.

Su tibio reconocimiento de que su administración falló en materia de seguridad es más una ofensa que un acierto porque desdeña la desolación y dolor en que se quedan miles de familias por la cantidad de  personas desaparecidas, el incremento en los homicidios dolosos, las extorsiones, feminicidios, robos, secuestros; y otros índices asociados al fracaso en el combate a la violencia y en  la procuración e impartición de justicia.

No aceptó que se equivocó al darle continuidad al modelo policiaco-militar que impuso Felipe Calderón para combatir el narcotráfico, como tampoco que fallaron sus principales políticas públicas en el sector como crear la supersecretaría de Gobernación y la Gendarmería; y que su gobierno nunca tuvo capacidad de respuesta para frenar al crimen organizado y el huachicoleo.

Peña Nieto erró al quitar todos los recursos a la política de prevención, negarles apoyo a los estados para crear sus propias policías e imponer la Ley de Seguridad Interior que, como otras,  el próximo gobierno debe rechazar y echar para atrás.

En síntesis, en el rubro de seguridad el gobierno saliente claramente se va con un balance negativo porque, además, este es un tema que está íntimamente vinculado al pacto de corrupción e impunidad que prevaleció en este sexenio.

La licencia de Velasco, ¡qué oso!
Por eso es muy preocupante el desaseo procesal, la complicidad e imposiciones que se exhibieron durante la aprobación en el Senado de la República de la licencia a Manuel Velasco Coello para que regresara al gobierno de Chiapas sin importar la violación a la Constitución General de la República.

A los ojos de destacados líderes de opinión, este fue el primer oso de la mayoría legislativa de Morena.

A los senadores  les valió un comino violar el artículo 125 constitucional que señala con toda precisión que “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.”

La burda maniobra fue la última etapa de la estrategia, pues apenas el 28 de agosto el Congreso de Chiapas avaló diversas reformas a la constitución estatal para permitir que Velasco Coello pudiera renunciar al cargo de gobernador para poder asumir el de Senador de la República, y en su caso, poder regresar a culminar su gestión como gobernador.

Al aprobar la licencia los senadores ignoraron el hecho que Velasco Coello ya había violado de forma grosera la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este artículo dice “los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.”

La posterior decisión de cinco diputados del Partido Verde Ecologista -al que pertenece el gobernador chiapaneco- de sumarse al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, evidenció en toda su dimensión el cochupo que estuvo detrás de la licencia otorgada a Manuel Velasco. Con estos legisladores Morena alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara Baja para poder presidir durante tres años la Junta de Coordinación Política.

Este lamentable episodio demuestra que, a pesar de lo que digan, los legisladores de Morena usarán su mayoría en el Congreso de la Unión para imponer decisiones y apoderarse de los órganos de gobierno en las cámaras, incluso con acuerdos vergonzosos y pasando por encima de la Constitución.

Lo más grave de este asunto, además de la violación constitucional, es que vulnera la autonomía del Senado de la República y repite, sin el menor rubor, las mismas prácticas que tanto se le cuestionaron al viejo régimen priista. Mal augurio para un gobierno y legisladores que se comprometieron a luchar contra la corrupción e impunidad.

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