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Miguel Alonso Raya

Las movilizaciones sociales registradas en algunos países de América Latina y Europa en reclamo de pensiones justas y el intento de los gobiernos de impulsar reformas con el objetivo principal de aumentar las aportaciones y disminuir los beneficios para los trabajadores sin resolver el problema de fondo deberían significar una alerta para México cuyos sistemas de pensiones se asemejan a un polvorín en riesgo de estallar en cualquier momento.

En España, miles de ciudadanos tomaron las calles para reclamar un incremento a sus jubilaciones. En Chile, la cuna del modelo privado de pensiones, crecen las exigencias de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y establecer un sistema de reparto solidario.

En Argentina, las reformas impulsadas por el presidente Mauricio Macri para hacer un ajuste millonario  al sistema de pensiones que reducirá el ingreso  de millones de jubilados, provocó una huelga nacional, protestas y enfrentamientos con la policía que dejaron cientos de heridos.

Sin embargo, el mejor ejemplo reciente de qué tan grave es el problema del mal manejo  de las pensiones en varios países lo representa Nicaragua.

En este país, la semana pasada una reforma impulsada por el gobierno de Daniel Ortega que aumentó las aportaciones patronales y de los trabajadores y disminuyó en 5 por ciento las pensiones, sin el consenso adecuado, provocó una intensa movilización social y una represión policiaca que terminó en 34 muertos, cientos de heridos y la expresión de una gran inconformidad política y social.

La irresponsable actuación oficial significó echar más gasolina al fuego y la condena nacional e internacional obligó a las autoridades a cancelar las reformas.

México tiene que poner sus barbas a remojar. Si no se toman las medidas necesarias para atender a corto y mediano plazo  las dificultades generadas por el sistema de cuentas individuales, el conflicto nos alcanzará más temprano que tarde.

En este momento no se dimensiona aún la gravedad del asunto porque apenas en este sexenio saldrán los primeros pensionados por la vía de las cuentas individuales.

Actualmente, la principal contrariedad es la presión sobre las finanzas públicas que implica el costo de la transición, que representa cerca de 800 mil millones de pesos por el pago de las pensiones en curso y que eventualmente podría crecer a un billón de pesos, es decir la quinta parte  del presupuesto nacional.

Sin embargo, la preocupación está latente. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), citados por Federico Rubli, en el marco de la Semana de la Seguridad Social 2018, que organizó la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, entre la población de la Generación AFORE (IMSS), la cotización promedio únicamente es cercana a 14 años, frente al requisito de casi 25 años.

“Con ello, sólo 23.9% estaría en condiciones de cumplir con 1,250 semanas de cotización para acceder a una pensión al llegar a los 65 años. El resto, 76.1%, no cumpliría con dicho requisito y no tendrá derecho a una pensión, en la terminología, recibirá una negativa de pensión y retirarán, en una sola exhibición, los recursos acumulados en la AFORE.” (Federico Rubli, 25/04/2018)

La seguridad social requiere ser más debatida y visualizada en el conjunto de América Latina y particularmente en el caso de nuestro país. Es indispensable darle la importancia que merece, reconociendo que tenemos un problema y que saldrá más caro económica, social y políticamente hablando, si no se atiende a tiempo.

Sobre esa base, se deberían tomar las medidas para evaluar los diferentes sistemas que existen e integrar un grupo de expertos, a partir de lo que mandató la Cámara de Diputados en el marco de la reforma del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El objetivo es que los especialistas analicen las diferentes experiencias que se han llevado a cabo en otros países para atender la crisis de pensiones y planteen propuestas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que les permitan tener una visión integral del problema y las alternativas más viables para promover reformas con el fin de fortalecer la Seguridad Social (Pensiones-Salud) para todos los mexicanos.

Porque hay ejemplos de que cuando hay voluntad y se construyen los acuerdos necesarios con todos los actores involucrados, se pueden encontrar las soluciones adecuadas.

El caso de Guanajuato es un buen ejemplo. Los diferentes gobiernos panistas han hecho reformas paramétricas para mantener el sistema solidario y de reparto. Entre otras medidas han aumentado las aportaciones gradualmente, incrementado la edad y acotado algunas prestaciones, en acuerdo con la parte patronal y los representantes de los trabajadores.

Y tan les ha funcionado que, según versiones oficiales, el esquema tiene sostenibilidad y sustentabilidad hasta el año 2080.

Es importante que, en el marco de las campañas, la crisis del sistema de seguridad social se aborde con más seriedad. Este es uno de los aspectos que la gente espera se discuta a fondo y se planten soluciones objetivas.

Hasta el momento, los candidatos están optando por plantear cuestiones más mediáticas como la venta del avión presidencial, las pensiones de los expresidentes o los escándalos de corrupción, sin entrar a discutir más detalladamente los aspectos que más preocupan a la gente.

Atender el grave problema de las pensiones y salud es un asunto de responsabilidad política y sensibilidad social frente a una acelerada transición generacional.

En un extremo, en la pirámide poblacional se ubican millones de jóvenes con pocas expectativas de alcanzar empleo, y que este sea bien remunerado; y en el otro, millones de adultos mayores en la miseria porque tienen una pensión raquítica o simplemente carecen de ella, en tanto que persiste un sistema de salud con mucha corrupción, deficiente y burocrático. Este es un tema, sin la menor duda, de elemental justicia social.

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