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Miguel Alonso Raya



Las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG) están obligadas a explicar las razones por las que contrataron como secretario académico al Dr. Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana (UV), quien cobra una pensión en Veracruz de 90 mil 439 pesos mensuales, al tiempo que recibe un salario de 119 mil pesos por su actual cargo.

El ahora funcionario de la UG ha sido seriamente cuestionado por la opacidad con la que manejó los recursos de la universidad estatal de Veracruz, el endeudamiento y rezago académico en que la dejó, y el  amiguismo que exhibió.

No había ninguna necesidad de otorgarle una posición de tanta relevancia en la máxima casa de estudios de Guanajuato a un foráneo, como si en ésta no hubiese personal preparado para desempeñar esa función, y provocar con ello la inconformidad de la comunidad académica.

Arias Lovillo fue Rector de la UV de 2005 a 2013. Durante su gestión estableció fuertes vínculos políticos con los exgobernadores priistas de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte. Éste último está preso en Guatemala acusado de enriquecimiento Ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal y uso irregular de 35 mil millones pesos.

Al contratar a un personaje vinculado a Duarte, quien se ha convertido en un escándalo internacional, las autoridades tomaron una decisión que sin duda afecta el prestigio de la UG.

Es evidente que las razones por las cuales lo trajeron no son académicas ni por su eficiencia. Durante sus dos mandatos, la UV se ubicó en el lugar 140 de 150 en el ranking de universidades de América Latina, y se empeñó en no revisar el Modelo Educativo Integral y Flexible (MIEF), cuyo funcionamiento es defectuoso, particularmente para los alumnos.

Entregó direcciones a dirigentes sindicales, que al mismo tiempo se desempeñaban como líderes y patrones. Muchas plazas se heredaron sin concurso de oposición y otras fueron otorgadas por amiguismo o compadrazgo, entre otras irregularidades.

En la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó a la UV aclarar el destino de 364 millones de pesos ejercidos durante la administración de Arias Lovillo. Además, en una actitud de subordinación, no exigió al gobierno de Veracruz los recursos que tenía que destinar a la universidad, motivo por el cual ésta enfrenta actualmente un endeudamiento de mil millones de pesos.

El exrector forma parte de un grupo de exfuncionarios, algunos de los cuales actualmente ejercen otros cargos públicos o privados, que reciben pensiones de privilegio.

Entre ellos los expresidentes de la República, y quienes trabajaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Petróleos Mexicanos, en la banca nacional de desarrollo, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Esto, en un país en donde la mayoría de la población tiene un salario precario y cuyos sistemas pensionarios atraviesan por serios problemas financieros.

Las universidades públicas no son la excepción. En una auditoría realizada por la ASF, se detectó que “durante el 2013, las pensiones y jubilaciones del personal de las universidades públicas estatales reportaron un déficit actuarial de 227,739.9 millones de pesos, dado que sus ingresos eran de 331,598.1 millones de pesos pero registraron gastos por 559,338 millones de pesos.” (El Economista, 22/02/2015)

Entre otras razones, la crisis obedece a los abusos que se han cometido en algunas de estas casas de estudio. De las 30 universidades públicas auditadas, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorgó pensiones mayores a 200,000 pesos, monto similar al que reciben trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de las universidades autónomas de Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Guanajuato se registraron pensiones mayores a 100,000 pesos.

En este contexto, es inexplicable que mientras se discuten alternativas para  fortalecer el sistema de pensiones y jubilaciones de la UG, las autoridades hayan decidido contratar a una persona que goza de una pensión privilegiada y un sueldo excepcional. Esto es ofensivo considerando que la pensión promedio de un trabajador universitario es de 12,769.2 pesos. (Auditoría de Desempeño: 10‐0‐11100‐07‐0145)

Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, advirtió que “el sistema de pensiones y jubilaciones en las universidades públicas federales y estatales es cada vez más un problema incosteable que tiene a las instituciones ahogadas en déficits presupuestarios que están perjudicando la operación académica y la calidad de la enseñanza.” (Excélsior, 06/12/2015)

Entre otras razones, esta problemática es parte del conjunto de decisiones equivocadas, irregulares y opacas que han venido asumiendo las autoridades de las universidades públicas con el pretexto de la autonomía.

Por ejemplo, en la Cuenta Pública 2015 se detectó un desvío de recursos por más de 3 mil millones de pesos en diversas universidades a través de un esquema de simulación de contratos con dependencias federales.

Este tipo de  complicidades, impunidad y beneficios de unos cuantos, son los que han generado el hartazgo social contra quienes gobiernan y ocupan altos cargos públicos.

Presumen de reformas que según ellos “moverán” a México, pero en los hechos se afanan en ocultar la corrupción, opacidad y privilegios. La cúpula administrativa le carga la mano a los trabajadores y a la sociedad, mientras se llena los bolsillos de dinero público.

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