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La auditoría comezaría este mismo año, aunque todavía tendrán que definirse los tiempos en el área de planeación de la ASEG

Carmen Pizano 

Guanajuato, Gto. La Auditoría Superior del Estado (ASEG) iniciará una auditoría específica a la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo por el tiempo que estuvo al frente Enrique Avilés Pérez, al encontrar indicios que deben ser revisados a propósito de una denuncia de corrupción.

La auditoría fue promovida por el periodista Arnoldo Cuéllar, a través de una solicitud que presentó en el pasado mes de agosto con pruebas documentales y notas periodísticas que se resumen en 28 puntos.

Entre las irregularidades documentadas y recopiladas se exponen los contratos millonarios a FBM Comercializadora, empresa boletinada como fantasma por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Además, se denunció la falta de justificación en el incremento presupuestal de la Coordinación de Comunicación Social en un 274 por ciento en los últimos cuatro años de la administración de Miguel Márquez Márquez.

En la solicitud para la auditoría de situación excepcional también se expone la falta de justificación para la contratación millonaria de medios de otras entidades como Tlaxcala, Durango, Tampico, Pachuca y el Estado de México, así como de diversas páginas de internet con pocas visitas y con domicilios fiscales en otras entidades.

También se incluyó la contratación de Internacional News Media, empresa que ya había sido observada por la propia ASEG en la revisión a la cuenta pública del Poder Ejecutivo por el ejercicio fiscal 2017 al advertir que se erogaron millones de pesos en una publicidad fantasma, pues la administración estatal a través de la Secretaría de Turismo no pudo acreditar que el pago fue resultado de una campaña publicitaria.

En la solicitud se expusieron diversas empresas y personas morales que recibieron recursos públicos a cambio de publicidad, sin que quedara debidamente justificado por parte de la Coordinación de Comunicación Social.

De acuerdo con la legislación, luego de recibir la solicitud de auditoría por parte del periodista Arnoldo Cuéllar, la ASEG solicitó a Enrique Avilés un informe para que se pudieran solventar las observaciones del denunciante.

El informe fue presentado a la Auditoría Superior el 18 de septiembre, una semana antes de que concluyera la administración de Miguel Márquez, por Enrique Avilés pero éste no fue suficiente para dar por solventada la denuncia.

Los documentos firmados por servidores públicos que entregó Cuéllar como parte de las pruebas, así como copias de facturas que se pagaron con recursos públicos, además de las notas publicadas en Zona Franca,  fueron consideradas como indicios para presumir corrupción en la Coordinación de Comunicación Social.

“En el caso de análisis, este ente técnico advierte que, de los argumentos formulados por el denunciante, así como el informe rendido por el servidor público imputado, hay elementos de los cuales se deduce que los hechos denunciados deben ser materia de revisión”, expone el documento en el que se notifica que procede la auditoría.

También se detalla que la auditoría se iniciará para abonar a la transparencia y a la rendición de cuentas. “Ordenar una auditoría como consecuencia de una denuncia de investigación de situación excepcional, no prejuzga sobre las presuntas irregularidades detectadas”, señala la resolución de la ASEG.

La resolución firmada por auditor superior, Javier Pérez Salazar, ya fue notificada este martes al Poder Ejecutivo, así como al denunciante.

Se estima que sea este mismo año cuando inicie la auditoría específica a la Coordinación de Comunicación Social, aunque primero tendrá que pasar al área de planeación para que se establezcan la fecha de inicio.

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