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 Miguel Alonso Raya 

En el ocaso de su gobierno, con los más altos niveles de reprobación ciudadana que un presidente haya tenido recientemente, Enrique Peña Nieto despliega una intensa campaña mediática para tratar de justificar la estrepitosa derrota electoral del 1° de julio, sin asomo de la menor autocrítica. De José Antonio Meade, el candidato que le impuso a su partido, arguye simplemente que “no funcionó”.

Esta expresión lo pinta de cuerpo entero. Soberbio, se niega a reconocer que, en esencia, lo que los ciudadanos expresaron en las urnas fue un rechazo contundente a su gobierno y al PRI porque fueron muchas las decisiones en materia de política pública que no funcionaron  durante su mandato.

La reforma en materia de educación fue de las que más resistencia encontró porque se utilizó con fines políticos, para controlar al magisterio, descalificar a los maestros y demeritar a la escuela pública.

En el colmo de la irresponsabilidad, se permitió usar a esta reforma, a la SEP y los recursos que deberían ser destinados a la educación, para promover las aspiraciones presidenciales del “Sargento Nuño”.

El objetivo  de buscar mejorar la calidad de la educación pasó a un segundo plano y las consecuencias las está pagando el país entero.

Esteban Moctezuma Barragán -quien ha sido propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como secretario de Educación Pública-, abrirá este martes la consulta sobre la reforma educativa en la que se pretende recoger las opiniones de diversos actores.

Con las propuestas recabadas se elaborará una iniciativa que será presentada en diciembre ante el Congreso de la Unión y que derogará y sustituirá a la  reforma de Peña Nieto.

Sin duda, organizar la consulta es una decisión acertada porque una de las fallas estructurales de la reforma que instrumentó el gobierno todavía en funciones fue su imposición y no haber considerado la opinión del magisterio,  investigadores y especialistas en la materia.

En diversas colaboraciones he planteado que se requiere impulsar “la reforma de la reforma” -que en términos del proceso legislativo conllevaría la derogación de la normatividad vigente-, para modificar el artículo 3° constitucional y eliminar la palabra “permanencia” que viola los derechos laborales de los docentes; así como las respectivas leyes secundarias.

Tenemos que seguir dando la batalla por un acuerdo que tenga en el centro a la escuela pública, a los niños y  a la calidad de la educación; que incluya al magisterio, respete sus derechos laborales y genere las condiciones para elevar su autoestima porque si a alguien se le desvalorizó, agravió y descalificó en este sexenio fue a los docentes.

Un aspecto importante  es que además de organizar la consulta se deberían implementar medidas urgentes porque, entre otros pendientes, los foros no van a resolver por ejemplo la deserción escolar, las condiciones en que están las escuelas, el tipo de mapa curricular y si son o no pertinentes los planes de estudio de la secundaria y bachilleratos.

Esto implica dos acciones, por un lado construir los acuerdos para aumentar paulatinamente el presupuesto público a la educación hasta alcanzar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto que mandata la Ley General de Educación en su artículo 25; y por otro, revisar el Modelo Educativo.

La cuestión es que el Modelo Educativo ya está en marcha con el inicio del ciclo escolar 2018-2019 y esto está generando incertidumbre entre los maestros que están siendo obligados a implementarlo cuando ya se lanzó la convocatoria a la consulta para construir un nuevo acuerdo con el fin de modificar la legislación vigente.

Por eso sería conveniente construir un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante para pactar un programa emergente de transición entre un esquema legal y otro, que ofrezca certeza laboral a los maestros y vaya generando los planes, programas de estudios y libros de texto que serán parte de la reforma que se presentará en diciembre.

La consulta es un buen principio y el nuevo gobierno que entrará en funciones en diciembre tendrá que valorar cómo sistematiza todo lo que se opine e integra una propuesta que responda de alguna manera a lo que al Estado  Mexicano le corresponde hacer, acatando los principios de una educación laica, gratuita, democrática y nacional; establecidos en el artículo 3° constitucional.Se reorientará la educación con reformas a los ordenamientos legales y se instrumentará otro plan de estudios, por ello  deberían construirse los mecanismos e instrumentos para la transición con programas emergentes, que dejen atrás lo que se cuestiona y abran camino a lo que vendrá para ordenar el Sistema Educativo Nacional, la formación y actualización del magisterio y el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad.

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