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Carmen Martínez

León, Gto. Luis Ernesto Ayala Torres, próximo Secretario de Gobierno en Guanajuato, defendió la posibilidad de que algunos de los servidores públicos que están a punto de concluir su gestión, en el ámbito estatal y en el municipal, cuenten con escoltas.

Esto luego de que trascendió que el exsecretario de gobierno, Antonio Salvador García López, tiene a su disposición a 14 elementos de élite de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para que lo custodien. Pues es un derecho que radica en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

Ayala Torres manifestó que la próxima administración estatal, de la cual estará formando parte, tiene la obligación de dar seguridad funcionarios públicos que dejen el cargo a partir de septiembre.

Entre ellos se encontrarían: Miguel Márquez Márquez, Gustavo Rodríguez Junquera, Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarrpa Aguirre.

“Aquí va a depender de lo que por ley le corresponde, por ejemplo al gobernador, si son de alcaldes, pues ya los municipios podrán dar su respuesta, pero aquí tengo entendido que el gobernador, tiene ese derecho, lo mismo el secretario de gobierno, pero el número desconozco cuales sean (…) tiene ese derecho por Ley, no podemos decir que se omita, porque es un derecho que han ganado por ser funcionarios y también por su propia seguridad”, mencionó.

En lo que refiere a los municipios, Ayala Torres manifestó que estas serán determinaciones de cada ayuntamiento, tomando en cuenta el número de efectivos que tengan en sus respectivas corporaciones.

Justifica lentitud en desahogo de casos de homicidio
Luis Ernesto Ayala Torres justificó la lentitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado para emitir sentencias en casos de homicidios dolosos, al señalar que esta se debe al tiempo que implica la realización de una investigación, y a la captura del responsable.

Esto luego de que apenas el 8.2 por ciento de los homicidios cometidos entre enero de 2017 y julio de 2018 han obtenido una sentencia condenatoria, según una investigación hecha por el Periódico Correo.

Ayala Torres mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Estado está impedida en el avance más ágil de las investigaciones, pues tiene que cumplir con protocolos y requisitos previstos por ley para lograr la liberación de órdenes de aprehensión, mismas que están sujetas a una investigación previa.

“La flagrancia en este momento, también nos impide que la justicia por decirlo de esa manera, sea más pronta, pero necesitamos respetar la nueva ley, pero el reto es ser más eficientes y el reto es de la Procuraduría”, declaró.

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