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Si fuera un negocio privado ya los dueños hubieran protestado y corrido a alguien: operaciones que regalan dinero y evitan ganancias, las cuales son autorizadas por los altos directivos; sin embargo, es un bien público, por eso el saqueo impune

 Arnoldo Cuéllar Ornelas

Desde la más alta investidura pública del estado, a la que solo se puede llegar con el respaldo inobjetable de una mayoría ciudadana, el panista Miguel Márquez Márquez parece haberse dedicado de forma sistemática y sistémica a saquear al pueblo que lo eligió.

El reportaje que Zona Franca publicó esta semana muestra con claridad como desde la más alta esfera del poder se decidió dar un regalo de por lo menos 400 millones de pesos a una empresa que no solo carecía de la más absoluta experiencia en el tema para el que se la requirió, sino que además ya había recibido otro beneficio mayúsculo: el programa Escudo.

Seguritech era una empresa todavía mediana cuando llegó a Guanajuato a ofrecer su programa de cámaras y arcos carreteros, de la mano de Alvar Cabeza de Vaca, entonces consultor de seguridad privado después de haber sido secretario de seguridad en León y empleado de Gerardo García Preciado en la empresa Portoss.

Ariel Picker, el propietario de la empresa tecnológica superó con creces sus expectativas en el mes de diciembre de 2012, cuando el nuevo gobernador de Guanajuato no solo le compró un completo programa de seguridad que le significaría ingresos por más de 3 mil millones de pesos en los siguientes seis años, sino que además convirtió al gobierno de Guanajuato en aliado y en su principal propagandista.

Lo que no se sabía entonces es que algunos meses después, también se volverían socios.

En la euforia de la venta por Seguritech y con acceso a los más altos niveles del gobierno, además de tener una relación privilegiada con el todopoderoso cabildero Rafael Barba Vargas, financiero de la campaña de Márquez y compadre del gobernador, Picker dio el siguiente paso al obtener el compromiso de Guanajuato Puerto Interior, una entidad que no se mueve sin la autorización del propio gobernador, para hacerse de ochenta hectáreas a un precio de ganga.

El predio en cuestión había sido rechazado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico para instalar terminales de carga y estaba convertido en un baldío cercado por las vías del tren. Sin embargo, la situación no era tan desesperada como para rematarlo al precio en que se hizo y sin ningún procedimiento público, por dedazo, de cuates.

Ciento cincuenta y seis pesos por metro cuadrado en una zona que ya tenía el despegue de GPI y toda la infraestructura a la puerta, no es una ganga, es un regalo. Máxime si además accedes a construirle un paso a desnivel que le de pleno acceso y lo integre totalmente al puerto.

Estaban tan confiados en sus arreglos que primero acordaron la venta y después se constituyó la empresa, en una típica transacción de compadres realizada con bienes públicos. Es decir, cuando el consejo directivo de Puerto interior presidido por el puntilloso secretario de Desarrollo Económico Héctor López Santillana resolvió vender a Sky Plus el terreno definiendo el precio, esta empresa no tenía un acta constitutiva ni un registro hacendario.

Pero además, se aceptó que la empresa estuviese constituida por dos prestanombres para ocultar al verdadero propietario, Ariel Picker Schatz, en una operación que exuda mala fe: se hizo para no poner en evidencia los nexos que ya se habían cuestionado en el caso de Escudo y que habían generado un escándalo mayúsculo cuando se concretó la adquisición de ese programa mediante un arrendamiento en un contrato firmado el día de los inocentes del 2012 y cuyo contenido se desconoce hasta la fecha.

Las explicaciones que hoy da el director de Puerto Interior, Luis Quiroz, resultan espeluznantes por ridículas. Habría que preguntar si él como empresario las hubiera aceptado de parte de uno de sus gerentes.

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