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Administración estatal despide al 10% de su plantilla y lo atribuye a disminución de recursos federales; sin embargo, se mantienen salarios de altos funcionarios y gastos como el de comunicación social, cuyo presupuesto para 2021 supera 365 millones

Con información de Martha Silva

El gobierno de Guanajuato realiza una reestructura que implica el despido de personal y disminución de gastos por causa de los recortes federales, afirma; sin embargo, hasta ahora las afectaciones se han centrado en personal de base, mientras se privilegia la colocación de altos mandos vinculados al PAN en cargos de primer nivel, incluso su rescate del desempleo. Por otra parte, el gobierno mantiene una inversión alta en publicidad en medios locales y nacionales, así como el subsidio a eventos de corte empresarial como la Feria de Hannover Messe.

En tanto, en la estructura administrativa del Gobierno del Estado impera la zozobra por los despidos que anunció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo desde julio y que tras finalizar septiembre han comenzado a materializarse, por ejemplo, en Educación y Cultura.

Eso sí: según la Cuenta Pública de gobierno de Guanajuato, el presupuesto anual de publicidad del gobierno del estado para 2021 es de 365 millones 507 mil 072 pesos, de los que han gastado 80 millones 818 mil 749 pesos en el primer semestre. La cantidad anual es cercana a los 431 millones de pesos que se pretende ahorrar en despidos y justificarlo bajo “austeridad”. De acuerdo con un boletín emitido por la administración estatal, el recorte será de entre 5 y 10% al gasto de nómina.

El gobernador, en el noticiero nocturno de Tv Azteca. Foto: especial.

Teresa*, una de las personas a quienes se rescindió el contrato en la Biblioteca Central “Wigberto Jiménez Moreno” -una de las más grandes del estado, con sede en León-, le contó a POPLab que entiende el despido “pero la forma… es lo que no me cuadra, porque no nos avisaron, solo llegaron el día jueves, cerrando quincena” y cinco minutos antes de la hora de salida, comenzaron a reunir a la gente, para anunciar los despidos.

Aunque las autoridades se negaron a usar esa palabra, «despido», lo recalcaron varias veces tanto la directiva como personal de conciliación, de la Secretaría del Trabajo y el equipo jurídico de la Biblioteca y del gobierno estatal, se referían en todo momento a un «convenio de término de la relación laboral».

Los ahora ex trabajadores de la biblioteca, que por años brindaron su tiempo, energías y capacidad para promover el conocimiento, lo dejaron claro: ninguno eligió irse.

Ante la falta de transparencia por los criterios que secretarías y dependencias gubernamentales están tomando en cuenta para determinar quiénes se quedan y quiénes no, solo quedan interpretaciones.

Como en el caso de los afectados en la Biblioteca Central, para quienes la medida parece un castigo contra aquellas personas que “incomodan” por haber sido proactivas durante la gestión de Liliana Pérez, coordinadora general de la biblioteca. También consideran que fue por no militar en el partido oficial o no tener contactos en el PAN-gobierno.

Fotos: especiales.

Inés*, también despedida, dijo: «Nosotros hacemos una serie de capacitaciones por parte de gobierno del estado, de servicio civil de carrera, tenemos evaluaciones semestrales, evaluaciones de cumplimiento de metas y por lo visto ninguno de esos instrumentos que el mismo gobierno del estado tiene se tomaron en cuenta para seleccionarnos a los que salimos”.

Para Teresa, “lo que ha querido disfrazar gobierno del estado es que” hay militantes del PAN o sus familiares en puestos clave, «a mí me parece que son militantes, nada más aparece su nivel tabular pero ahí tú puedes ver cuánto ganan”, el problema con la política “son sus actores, porque no trabajan con honestidad», por lo que pidió que «todos estos puestos sean transparentes a los ciudadanos».

Ellas aseguraron a POPLab que el proceso del despido incluyó malos tratos, coerción y dejó en evidencia el favoritismo e incluso nepotismo con el que se manejan los puestos.

Porque el rescate de las filas del desempleo es posible para algunos privilegiados, como los ahora ex diputados Paulo Bañuelos -PAN- y Jaime Hernández Centeno -MC- que fueron recolocados en la estructura y la nómina gubernamental, mientras que otros ya encontraron acomodo, como Héctor López Santillana, alcalde de León, quien en breve sería nombrado director general del Puerto Interior, y Christian Cruz -síndico del ayuntamiento leonés saliente-, quien va a la Secretaría General del Congreso, cargo que dejó Ricardo Narváez Martínez.

Tanto a Narváez como a Jesús Oviedo -ex coordinador de la bancada panista en el Congreso local- todavía se les busca “lugar”; extraoficialmente se conoce que Oviedo iría ni más ni menos que al gabinete.

Orgullo Guanajuato

Para que un lector pueda acceder a cualquiera de los más 200 mil libros que la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato “Wigberto Jiménez Moreno”, este tiene que pasar por las manos de especialistas de varias disciplinas que lo valoraron, compraron, registraron y catalogaron correctamente antes de ponerlo en el estante.

Sin embargo, la vanguardia y prestigio que distingue al recinto, parte fundamental del Fórum Cultural, está en peligro luego de que 15 de sus 49 empleados, casi un tercio, fueran despedidos en un solo día, entre ellos cuatro de los cinco encargados de la minuciosa catalogación, no solo para libros, también películas, audios y material didáctico. En toda la biblioteca habrían quedado solo dos profesionales en bibliotecología.

Y la semana pasada cerró la sala audiovisual, con más de 11 mil volúmenes; la persona encargada también fue parte del recorte.

Se les informó que como parte de la reestructuración, la Wigberto Jiménez Moreno se va a fusionar con la Dirección estatal de Bibliotecas Públicas.

Denuncias de nepotismo

Uno de los señalamientos consistentes en las denuncias recogidas por este medio es que, además de Liliana Pérez Estrada, coordinadora general de la Biblioteca Central, trabaja ahí una familiar, su madre, Concepción Estrada Molinero, desde hace varios años y ella ha sobrevivido a los despidos.

Teresa reconoció, no obstante, que la señora concursó por la plaza y entró a servicios al usuario. De momento, está ubicada en la Sala de Fondos Especiales, un sector con poco movimiento.

También hubo señalamientos contra la jefa de Difusión, Rubí Alejandra Enriquez Vanderkam, hermana de la ex diputada panista Mayra Enriquez, ya fallecida.

“No hay difusión, ni apoyo ni vinculación con la comunidad para realizar las actividades”, lamentó Jacinta*, otra ex empleada.

Sin consideraciones, fue un simple trámite

Ese 30 de septiembre, ya casi al concluir la jornada, la coordinadora bajó y le comunicó a cada área que habría una “reunión administrativa” con personal del Instituto Estatal de la Cultura, pero fue Martha Hernández Núñez, directora de Promoción Cultural, quien dio la noticia al primer grupo convocado, de que se iba a prescindir de sus servicios.

El proceso de liquidación fue difícil, tenso: a cada uno le dieron un montón de papeles para leer y firmar, casi sin tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo, todo bajo un ambiente coercitivo, “hostil, como de amenaza”.

Liliana Pérez, la coordinadora, no dijo una sola palabra de aliento o de contención. Inés lamentó que no haya sabido “valorar al personal, sus capacidades”.

Incluso, hace pocos días a algunos de los hoy ex empleados los habían reconocido por su trayectoria.

Perla*, otra afectada, agrega que les advirtieron: «Si se van sin firmar, eso puede significar que van a hacer algo contra nosotros», mencionando incluso el tema de las demandas y que si no signaban en ese momento, tendrían que continuar el trámite en Guanajuato capital, previa cita, y se quedaban sin su cheque por quién sabe cuánto tiempo.

Menciona también «la falta de atención a nuestro código de ética de servidores públicos”, y reitera que “Al final fue como un despido injustificado porque nunca se sentaron con cada uno de nosotros y nos dijeron ‘a ver, en esta evaluación saliste mal…’, nadie nos aclaró eso”.

Para Jacinta, fue evidente que armaron toda una estrategia para agarrarlos cansados, descolocados y obligarlos a firmar sin dar problemas, “por eso hablo de perversidad, porque sí hubo un dolo”, aseguró, contra personas que buscaban impulsar y potencializar el uso de la Biblioteca.

Entre los recortes también hay personal que custodia el vecino Museo de Arte e Historia de Guanajuato, nivel 1.

A ellos, los despedidos, les toca reestructurar gastos, casa, colegiaturas… afectaciones en pleno inicio del ciclo escolar, algunos incluso sacar de escuelas privadas a sus hijos e hijas.

Jacinta lamentó: el personal de la biblioteca “estamos ahí para estar generando comunidades, generando usuarios para que consuman productos, libros, como parte de la reflexión y de la inteligencia, lo que genera un libro, y eso es algo que molesta”. Con la pérdida de estos trabajadores especializados, “los usuarios son afectados en todas las formas”.

Comienzan recortes en educación

En la Secretaría de Educación de Guanajuato, en una sola semana y de acuerdo con testimonios de trabajadores que se reservaron su identidad, al menos 10 personas han sido despedidas. La mayoría de los colaboradores ocupaban direcciones y jefaturas de área.

Desapareció ya la subsecretaría de Planeación, a cargo de Ángel Mauricio Mokarzel Alba y también la delegación de Salamanca a cargo de Leonardo Flores Miranda.

Otras áreas afectadas por el recorte son la ventanilla única, el área de evaluación y la coordinación transversal, incluso empleados de intendencia han sido amenazados de que podrían ser alcanzados por los recortes.

La semana pasada, el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, aseguró que el recorte en la SEG podría incluir el 10% de trabajadores administrativos, de una planilla de mil 400 personas, aunque “es importante decir que no se toca la parte académica, es decir, no se tocan maestros, ni personal de apoyo académico en las instituciones, es netamente de la zona administrativa”.

Dijo que la intención es recortar el gasto de nómina en 45 millones de pesos y sostuvo que para lograrlo buscarían eliminar las áreas de mayor costo, para que pudieran ser menos los empleados despedidos.

Agregó que tanto la delegación regional como las subsecretarías que desaparecen serán incorporadas en otras áreas, para que sus tareas se sigan atendiendo. Por ejemplo, la delegación regional de Salamanca se fusionará con la delegación de Irapuato, actualmente a cargo de Rodolfo Gómez Cervantes.

Culpa Salgado Banda al gobierno federal

“Fue un año sumamente complicado, está siendo un año muy complicado”, declaró Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas, Inversión y Administración, quien hizo referencia a los 30 mil millones de pesos que el estado «no está teniendo ahora con la actual administración” federal.

Al comparar “con años que no tenía efecto pandemia”, no hay comparación, por lo que el funcionario estatal llamó a la austeridad, aunque reconoció que “a nadie le gusta generar este tipo de política, obviamente porque no es popular”, pero es necesaria.

Un comunicado del gobierno estatal mencionó que se busca que estas “acciones permanentes de reestructuración administrativa y operativa” sirvan para eficientar el gasto público, pero sin afectar servicios de salud, educación, seguridad, atención a la ciudadanía y desarrollo de infraestructura.

Se calcula que tendrá impacto a partir del último trimestre del año y en el presupuesto 2022, y que se habrán ahorrado 431 millones de pesos con la reducción en nómina y 184 millones de pesos en gasto de operación; el ahorro total rondaría los 651 millones de pesos.

LOS QUE SE SALVAN DEL RECORTE

Las malas noticias para los trabajadores del gobierno del estado iniciaron el 9 de julio, un día después de que Gerardo Trujillo Flores fuera nombrado nuevo director general del Sistema DIF, cuando se anunció la clausura definitiva de la guardería y servicios de cuidado maternal del Centro de Desarrollo Infantil del DIF estatal, en la capital del estado. Más de 80 personas fueron notificadas de su despido.

El día 13 de ese mes, el propio Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció que habría más recortes en la administración pública estatal con la desaparición de áreas. Extraoficialmente se dijo que alcanzaría a 800 trabajadores.

Esto contrasta con varios gastos suntuosos que ha habido en los meses recientes: los más de 90 millones de pesos en la remodelación del estadio de fútbol Sergio León Chávez en Irapuato, o el viaje que hicieron 12 diputados y diputadas a Chicago a reunirse con migrantes unos meses antes de terminar la Legislatura.

Previamente, en marzo, el gobernador dijo que se apoyaría con fondos la compra del estadio de fútbol en manos de Roberto Zermeño y Héctor González, se hablaba que serían más de 500 millones de pesos.

Ese mes también se entregó el nuevo Distrito León Mx a la Feria de León, una inversión estatal de alrededor de 233 millones de pesos, mientras que en junio, la Feria utilizó $55 millones para lo que formalizó como la «adquisición de los terrenos del Munpic», el proyecto de museo del calzado que sigue “en veremos” después de que este fin de semana una jueza federal detuviera la venta de los terrenos donde se asientan el estadio León y los cimientos del Munpic, al otorgar una suspensión por un amparo a antiguos socios del club León.

Por otra parte, se mantienen en el gabinete la Secretaría del Migrante, encabezada por el muy cuestionado Juan Hernández, quien sostiene en su puesto a Fernando Fernández, yerno de Juan Carlos Romero Hicks, y quien cobra como consultor de la dependencia, y la Secretaría del Medio Ambiente, con Marisa Ortiz Mantilla, señalada por el propio sector de desconocer el tema en el estado a tres años de asumir el cargo.

Por otra parte, Paulo Bañuelos Rosales, quien fuera diputado local PAN y fue desplazado de la candidatura a reelección para que el partido cumpliera la proporción de paridad de género, fue «rescatado» para la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), mientras que Jaime Hernández Centeno, diputado local de Movimiento Ciudadano, fue «invitado» por el gobernador para encabezar la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.

Ambos dejaron sus puestos el 24 de septiembre y ya se encuentran ocupando los nuevos cargos públicos.

Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas denunciantes.

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