26 octubre, 2020

Voces Laja Bajío

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¿Traición a la Ley 3 de 3?

5 minutos de lectura
¿Qué fue realmente lo que aprobaron los senadores respecto a
la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3?
Ciudad de México.- La “Iniciativa ciudadana ‘Ley 3 de 3’
contra la corrupción” tiene como una de sus exigencias centrales que todo
servidor público, aquel que maneje recursos públicos u ocupe un cargo de
elección popular, presente y haga públicas sus declaraciones de interés,
patrimonial y de impuestos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas
(LGRA) recién avalada por los senadores –y en vísperas de ser refrendada
también por los diputados– no cumple con esta exigencia.
La discusión en el Senado se centró en la publicidad de las
tres declaraciones. Así, a través de una adenda de último minuto, el Artículo
29 de la LGRA establece:
“Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses
serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o
los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité
Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos
aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
De esta manera, no solo quedó a la voluntad del sujeto
obligado si se publican o no las declaraciones patrimoniales y de intereses
sino que incluso dejaron fuera la publicidad de la declaración de impuestos.
A fin de modificar ese artículo, se presentó una propuesta
alternativa que hacía obligatorias las declaraciones del sujeto obligado, su
cónyuge y dependientes económicos en su caso, al tiempo de precisar la
información que las versiones públicas de las mismas debían contener. Esta
propuesta se rechazó con una votación de 59 votos en contra (del PRI y el
PVEM), 51 a favor (del PAN y el PRD) y la ausencia de 18 senadores (6 del PT, 4
del PAN, 3 del PRD y el resto del PRI y el PVEM).
Las redes hirvieron. Con el rechazo a hacer públicas las
tres declaraciones no pocos acusaron de haber traicionado a los 634 mil 143
ciudadanos que respaldaron la iniciativa con su firma.
En respuesta, quienes aprobaron este controvertido artículo
señalan que todo se trata de una desinformación, que en realidad sí respetaron
el espíritu de la iniciativa “Ley 3 de 3” y que ésta limitaba la información de
los datos personales y no precisaba lo que debían contener las declaraciones.
Más aún, señalaron que se trata de un avance, pues deja en manos de un Comité
de Participación Ciudadana el diseño de los formatos en función de los cuales
los servidores públicos deben entregar su información.
Pero, como siempre, el diablo está en los detalles.
En el artículo 10, fracción XIV de la iniciativa ciudadana
“Ley 3 de 3” dice que los servidores públicos, integrantes de equipos de
transición, candidatos y personas electas para el desempeño de un cargo público
y que manejen recursos públicos tienen la obligación de:
“XIV. Presentar con oportunidad y veracidad las
declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los
términos establecidos por las leyes. Las declaraciones a que se refiere esta
fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean
estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia […].
Así, en efecto, tanto la redacción de la LGRA avalada por
los senadores como la propuesta ciudadana establecen límites a los datos
personales que pueden publicarse. No todo es tan público.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental: la minuta
aprobada dice con frescura que los límites de la publicidad de la información
aplican cuando ésta “pueda afectar la vida privada o los datos personales
protegidos por la Constitución”. Mientras que los límites de la iniciativa
ciudadana son los datos personales “así calificados por la ley de la materia”.
La diferencia, sutil, lo es todo. ¿Por qué?
De acuerdo con la minuta, basta con que un sujeto obligado
manifieste que “afectan su vida privada” para que la información no sea
pública. Si alguien se inconforma ante esto, generalmente la ciudadanía, debe
atravesar todo un laberinto jurídico hasta que un juez interprete qué quiere
decir en realidad con eso de “afectar su vida privada”. Así, la pretendida
publicidad de la información sería, en realidad, letra muerta.
Por su parte, la iniciativa ciudadana establece que todo es
público, excepto los datos personales que diga la ley en la materia. Esto
significa que el inconformado sería el sujeto obligado, no el ciudadano como en
el primer caso. Si hay una inconformidad, la resolución caería en el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) y usaría los criterios que la ley diga para definir si las
declaraciones deben ser públicas o no. El margen de interpretación (y
discrecionalidad) es mucho menor.
A todo esto, ¿qué dice la “ley en la materia”?
Por ahora, aún no se ha aprobado ni promulgado la “Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados” que
daría claridad sobre qué son los datos personales y cómo deben manejarse. Sin
embargo, podría usarse por analogía el Artículo 3 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares que dice:
“V. Datos personales: Cualquier información concerniente a
una persona física identificada o identificable.
Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular,
se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.”
Y también dice:
“Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el
tratamiento de los datos personales cuando:
Esté previsto en una Ley;
Los datos figuren en fuentes de acceso público;
III. Los datos personales se sometan a un procedimiento previo
de disociación;
Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una
relación jurídica entre el titular y el responsable;
[…]
VII. Se dicte resolución de autoridad competente”.
De usarse estos criterios, la minuta de la LGRA aprobada por
los senadores no garantizaría la máxima publicidad a diferencia de la
iniciativa “Ley 3 de 3” o la propuesta del PAN y PRD que fue rechazada en el
pleno, las cuales sí preveían que los datos pudieran ser públicos por ley y
habrían convertido en información pública a las tres declaraciones con una
discusión pertinente sobre los datos personales sensibles que habrían de
preservarse.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas forma
parte de un paquete de siete leyes que crean un andamiaje para el combate a la
corrupción. Los detalles son los que pueden hacer la diferencia para su
verdadera eficacia.

Pd. El autor agradece a la abogada Tere Aguilar de quien son
las ideas centrales de este artículo.

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