0 6 mins 3 años

 Miguel Alonso Raya

Las elecciones del 1 de julio fueron una auténtica jornada cívica. La gente construyó su propia fiesta popular con su amplia participación y firme decisión. Le apostó mayoritariamente a quien con su discurso y comportamiento se comunicó mejor e interpretó adecuadamente los sentimientos de los ciudadanos y el resultado fue tan contundente que no dejó espacio a objeción alguna.

La gente manifestó en las urnas un rechazo generalizado al gobierno de Enrique Peña Nieto y dejó en claro que nunca existió la posibilidad de que José Antonio Meade estuviera en segundo lugar. Eso fue parte de la estrategia gubernamental, especulaciones y manipulación de encuestas de empresas al servicio del grupo en el poder. Así como todo el tiempo hubo un puntero también siempre hubo un segundo lugar ocupado por Ricardo Anaya.

Con su voto, los ciudadanos le dieron a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, un margen muy amplio en la elección presidencial, pero también en el Congreso de la Unión y en los gobiernos y congresos estatales que estuvieron en disputa.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos al interpretar el mensaje de las urnas porque este conlleva mandatos también muy claros que no sólo implican la reprobación de la  administración en funciones sino la exigencia al próximo gobierno de que se corrija lo más pronto posible lo que el actual Ejecutivo Federal hizo mal y eso es mucho.

En resumen, los mexicanos le están poniendo una vara alta al gabinete que encabezará López Obrador de 2018 a 2024. No habrá cheque en blanco para el gobierno entrante.

En principio, hay que entender que esta vara alta también implica el cuidado de las formas en la relación con Peña Nieto que sumió al país en el caos en que se encuentra y con los grandes empresarios y sindicatos y otros actores políticos, muchos de ellos beneficiarios privilegiados del gobierno en turno. No hay que banalizar el enojo y hartazgo de la población.

Hay una lista de mínimos inmediatos que urge atender. El primero de ellos es cómo sentar las bases de lo que debiera ser un nuevo acuerdo social que debe integrar a todos los actores de la sociedad, y no sólo a los grandes empresarios, que atiendan los problemas más sensibles para la sociedad.

Los cambios tienen que ser de fondo e institucionales, no sólo cosméticos ni a partir de la voluntad personal. Para combatir la corrupción es necesario echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto incluye el nombramiento por parte del Senado de la República del Fiscal General. Como parte de esta lucha también se requiere reformar el artículo 108 constitucional con relación a los delitos por los que puede ser acusado el Presidente de la República.

Vinculado a esto hay que revisar los expedientes de los grandes escándalos de corrupción que heredará EPN, entre ellos los casos de La Casa Blanca, la de Malinalco, Odebrecht, OHL, La Estafa Maestra, el desvío de recursos para las campañas de PRI, los de exgobernadores como César Duarte, entre una larga lista.

Además, se requiere rediseñar el modelo de combate a la pobreza y a la desigualdad. Entre otros aspectos esto incluye diseñar un nuevo modelo económico y social, aumentar el salario mínimo para que cubra al menos el costo de la canasta básica y el acceso efectivo a la salud, como plantean algunas organizaciones civiles, entre ellas Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. (Líder Empresarial, 08/11/2017)

Otros temas urgentes tienen que ver con combatir eficazmente la inseguridad y eso conlleva el cambio en el enfoque policiaco-militar que ha teñido de sangre al país, dejado miles de muertos y desaparecidos en los últimos dos sexenios. Hay que atender, por supuesto, los problemas en pensiones, educación e infraestructura.

Todo esto pasa por una reforma fiscal que permita al Estado una mayor y mejor recaudación, pero además una distribución más equitativa de los recursos entre los estratos sociales y los estados. Hay que gravar más a los que más tienen e invertir mejor entre quienes menos tienen y sin lugar a dudas transparentar los recursos.

Nadie debería regatear el triunfo del presidente electo, pero es responsabilidad de todos vigilar que el nuevo gobierno atienda sin vacilaciones lo que los ciudadanos exigieron en las urnas.

En lo inmediato esto se traduce en romper con el pacto de corrupción e impunidad que prevaleció en el actual sexenio, establecer una fiscalía que sirva, terminar con la guerra absurda contra las drogas, establecer una relación inteligente y sin subordinación con el gobierno de Estados Unidos y regresar paulatinamente a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, entre otros aspectos. Los ciudadanos ya hablaron: es hora de atender con prontitud su mandato, esa es la esencia de la democracia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *